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MARÍA ISABEL MÍGUEZ MARIÑAS

Como es bien sabido, el 31 de octubre de 2007 se aprobaba la controvertida y discutida ley de Memoria Histórica en el Congreso de los Diputados. Esta ley se refiere sólo al período más reciente de nuestra historia, no entraré por tanto en el fondo ni en el contenido de la misma. Permítanme que solamente me detenga en el concepto. El problema de la memoria es que, aparte de ser por definición subjetiva y selectiva, tiene como anverso el olvido. Nuestro cerebro necesita olvidar, consciente o inconscientemente, datos y acontecimientos. Es bueno y necesario que podamos descartar datos inútiles o superfluos que dejen sitio a otros necesarios que nos permitan avanzar y progresar en la vida. Pero nadie, salvo enfermedad neuropsicológica grave, olvida datos que son constitutivos de su personalidad y fundamentales en la propia biografía: no olvidamos el lugar o la fecha en que nacimos, a pesar de no recordarlo por nosotros mismos sino de ser una información que nos ha sido transmitida, no olvidamos el nombre de nuestros padres, ni nada de todo aquello que nos ha hecho ser lo que ahora somos. Lo mismo ocurre, o debería ocurrir, con la historia de los territorios y de los pueblos. El problema surge cuando determinados intereses se dan de bruces con los símbolos de la memoria colectiva. Entonces nuestros poderes públicos suelen verse afectados por agudos ataques de amnesia. Y, claro, asistimos a cosas como el intento de construir un polígono industrial en el entorno del yacimiento arqueológico de Numancia, en Soria, o al empeño de querer hacer pasar una importante vía de tráfico pesado en las inmediaciones del conjunto arqueológico de Raíces.

Una viene siguiendo con extraordinario interés desde Barcelona (sí, yo también soy una «leyenda urbana») los avances de la investigación en Raíces. Después de haber dedicado varios años de mi vida a la investigación y al estudio de la historia de Castrillón, resulta emocionante ver los resultados del trabajo que se está haciendo en el peñón y en su entorno: cómo salen a la luz elementos de arquitectura civil medieval importantísimos, en el viejo convento de la Merced; cómo se verifica la planta del mismo que con tan asombrosa aproximación planteara como hipótesis don Ángel Garralda; cómo se logra retrasar la datación de la efectiva ocupación del emplazamiento del castillo de Gauzón ¡en nada menos que casi dos siglos!, y, sobre todo, cuando se es consciente de la potencialidad del yacimiento, de las sorpresas absolutamente únicas que puede deparar. No tenemos documentación que nos permita estudiar el período de la tardoantigüedad y los orígenes del medievo astur. Por tanto, la única posibilidad de arrojar luz sobre este período son las excavaciones y la conservación de yacimientos trascendentales al efecto, como es el caso que nos ocupa.

Cuando, por fin, los poderes públicos se deciden a abandonar su desidia cultural y patrimonial, se ponen manos a la obra y proporcionan los medios para investigar lo que ya sabíamos que era un yacimiento de enorme importancia. Cuando, por fin, se empiezan a publicar los resultados de las investigaciones y se trata de proteger el entorno, después de tantísimo tiempo de olvido y dejadez. Ahora que, por fin, se habían decidido y que todos parecían estar más o menos de acuerdo, vaya, qué mala pata, viene el proyecto de la Ronda Norte a destrozar lo que con tanto esfuerzo se trata de preservar. Qué poco dura la alegría?.

Que dotar de infraestructuras eficaces al puerto de Avilés es algo que beneficia a toda la comarca es de sentido común. Que la construcción de tales infraestructuras viarias se deben realizar en aras del tan proclamado «bien común» es algo obvio que no necesita discusión. Que eso deba hacerse, cuando existen alternativas reales y plausibles, a costa del conjunto arqueológico de Raíces, ya no parece tan razonable. No vamos a evocar ahora el viejo alfoz de la villa de Avilés, que mantuvo bajo la jurisdicción de la villa a los territorios de Illas y Castrillón hasta el siglo XIX, y que históricamente sirvió como «patio trasero» para los intereses oligárquicos y señoriales de Avilés, porque a estas alturas plantear el conflicto en términos de pugna localista resulta, sencillamente, cateto. Pero cuando se habla de bien común habría que aclarar que el peñón de Raíces forma parte también del bien común. No estamos hablando de un yacimiento cualquiera. Evidentemente, no se puede pretender preservar todos los restos o lugares de interés histórico o arqueológico. Sería como no querer olvidar nada; pretender, al modo del borgiano «Funes el memorioso», recordarlo todo y no dejar escapar nada de la memoria. En el propio territorio de Castrillón ya se destrozó el castro de la Armada cuando se construyó la variante de Avilés, no se trata, por tanto, de una defensa pueril y caprichosa de los intereses de un territorio o de otro. Es que el conjunto arqueológico de Raíces forma parte del patrimonio colectivo de todos los asturianos.

Resulta, cuanto menos, una irónica paradoja que estemos celebrando el 1.100.º aniversario de la Cruz de la Victoria, polemizando sobre si debemos o no proteger el enclave y el entorno del lugar donde fue forjada, allá por el año 908. A quien corresponda, por favor, un poquito de memoria histórica. Los técnicos hacen propuestas y elaboran alternativas, pero las decisiones últimas son siempre políticas. No olviden lo que el conjunto arqueológico de Raíces significa: en él se encuentran buena parte de las claves de los orígenes de Asturias.

María Isabel Míguez Mariñas es doctora en Historia cum laude por la tesis doctoral «Espacio y sociedad en Asturias. La evolución de un valle del concejo de Castrillón en el sistema feudal» y autora de «Aproximación a la historia de Castrillón. De los orígenes a la Edad Media».